¿PAGARÁ EL MINISTRO SORIA LA BIBLIOTECA DE LAS PALMAS Y SU DEMOLICIÓN?

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una diligencia en la que conmina al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a que ejecute el derribo de laBiblioteca Pública del Estado.  Como se recordará, el grupo de Gobierno del consistorio, encabezado por Juan José Cardona, interpuso un incidente de nulidad ante el Tribunal Constitucional, para evitar el derrumbe del equipamiento, tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado julio que obliga a la ciudad a derruirlo.

   El concejal de urbanismo de la capital, Martín Muñoz asegura la pasada semana que la notificación del alto tribunal no es más que "una diligencia, parte procesal de todo el caso de la Biblioteca del Estado y es un acto administrativo".  Lo cierto es, sin embargo, que la sentencia que el TSJC insta a cumplir especificaba que el derribo debe producirse de manera"inmediata".

Un "regalo envenado" de José Manuel Soria

   

Pero, ¿quiénes son los responsables de una situación que podría concluir con la desaparición de este importante equipamiento público?

    La biblioteca del Estado ubicada en Las Palmas fue construida en 1997, siendo alcalde de la capital grancanaria el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, con una licencia ilegal y en contra de la opinión de los técnicos del propio Ayuntamiento.  Los técnicos advirtieron entonces a Soria de que, si pretendía llevar adelante el proyecto en la parcela elegida, era preciso elaborar previamente un plan especial para ordenar la zona, en la que estaba previsto ubicar un parque.  El alcalde, sin embargo, ignoró este informe y, enfrentándose a los vecinos, que veían cómo la biblioteca pública impediría la visión del mar que tenían las viviendas cuando las compraron, siguió adelante con sus propósitos.

   Es por ello que, una tras otra, todas las instancias judiciales han coincidido en que la licencia de la Biblioteca se concedió sin cumplir los parámetros legales requeridos.  El Tribunal Supremo lo hizo en julio, cuando desestimó las razones que esgrimió la ciudad, después de la sentencia condenatoria del TSJC del año 2002, que daba las razón a los vecinos del edificio San Telmo, ubicado justamente detrás, y que denunciaron al Ayuntamiento, al considerar que el proyecto les restaba visibilidad, que incumplía parámetros urbanísticos y que no se había aprobado un plan especial para su construcción.

Aquí no paga ningún responsable

   El cumplimiento de la sentencia dictada por el Supremo, como consecuencia de la ilegalidad cometida por el entonces alcalde José Manuel Soria y su grupo de gobierno, supondría la demolición de una obra que costó más de seis millones de euros y la pérdida de una infraestructura fundamental para Las Palmas de Gran Canaria.

  Hoy, sin embargo, esta posibilidad no ha bastado para que ningún grupo político haya utilizado sus recursos con el objeto de que el líder de los derechistas canarios deba asumir la responsabilidad por sus actos, hasta las últimas consecuencias.

  A este respecto, la actual portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento capitalino, Isabel Mena, se limitaba a referirse a las "responsabilidades políticas" que habría que reclamar a los culpables del desaguisado urbanístico.  Poco más que un brindis al sol, sin ninguna consecuencia práctica.

   Nadie espera, en efecto, que si José Manuel Soria cometió una ilegalidad vaya a tener que responder por ella ante los tribunales ni que, él y su partido paguen el monto total del dinero público invertido en la construcción y en la demolición -si esta llega a producirse - tal y como sería de recibo.  Una flagrante situación de impunidad con la que cuentan los políticos del sistema a la hora de administrar a su antojo el patrimonio público.

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