El Tribunal de Cuentas ha encontrado graves defectos formales en elsegundo Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobado en octubre de 2009 con una dotación total de 5.000 millones de euros bajo la denominación oficial de Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL). El organismo supervisor concluye en su informe de fiscalización, al que ha tenido acceso este diario, que casi la mitad del presupuesto del programa acabó adjudicándose a dedo, que la mayoría de los proyectos financiados no fueron de utilidad pública y que en uno de cada tres expedientes los fondos no sirvieron para generar ni un sólo puesto de trabajo.
El documento cuestiona con dureza la utilidad del fondo, que supuso un desembolso equivalente al 0,5% del PIB nacional. El organismo destaca que el 42% del importe total del programa, 2.100 millones de euros, fue adjudicado por las entidades locales siguiendo procedimientos con escasa o nula difusión. En la gran mayoría de esos casos, precisa el Tribunal del Cuentas, se utilizó en concreto el procedimiento negociado sin publicidad, es decir, que los empresas adjudicatarias fueron elegidas a dedo por los dirigentes de las entidades locales. A juicio del órgano supervisor, se trata de “una concentración muy elevada en un tipo de procedimiento que la propia Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público configura como excepcional frente a los procedimientos abierto y restringido, que garantizan en mayor medida los principios de publicidad y libre concurrencia”.
El Tribunal de Cuentas añade que, además de utilizar procedimientos de adjudicación opacos en casi la mitad de los procedimientos, también se ha detectado que, en el 87% de los expedientes, las entidades locales no justificaron con la diligencia exigible la selección de los criterios para la licitación de las obras o servicios.
La fiscalización también concluye que en un 56% de las adjudicaciones con cargo a la dotación del Plan E “no se acreditó o se hizo de forma inadecuada la necesidad pública de la inversión, cuestión que, además de suponer un requisito básico para la adjudicación, recogido en el artículo 22 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), supone una garantía de que los fondos públicos se destinen a un fin necesario para la entidad local”. Sólo el 44% de los proyectos de la segunda fase del plan de estímulo del Ejecutivo garantizó la utilidad del gasto público.
Adjudicación sin compromiso de empleo
El Tribunal de Cuentas también pone en duda el efecto que el programa tuvo en la creación de empleo, pese a que ese era uno de los objetivos con los que fue anunciado. El informe apunta que el “27% de los proyectos fue adjudicado a empresas que no se habían comprometido a la contratación de ningún trabajador procedente del desempleo” y, un porcentaje aún mayor de los expedientes, el 38%, “se adjudicó a empresas que no iban a necesitar contratar a ningún trabajador nuevo”. Además, el 13% de las empresas que se comprometieron a “emplear nuevos trabajadores” incumplió esa promesa. Y por último, se ha podido constatar que el 9% de los empleados que según las firmas adjudicatarias habían sido contratados del desempleo “no constaba como inscritos en los correspondientes Servicios Públicos de Empleo”.
La fiscalización del segundo Plan E alcanza conclusiones similares a las que sedesprendieron del análisis del primero, conocido oficialmente como Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y aprobado en 2008 con una dotación de 8.000 millones de euros. El Tribunal de Cuentas consideró que el 70% de los proyectos financiados con cargo a ese programa no justificaron su utilidad pública y que sólo el 4% de los trabajadores que fueron contratados para obras o servicios financiados por el plan mantenían sus empleos a finales de 2011.
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