El Gobierno de Canarias puso en marcha el pasado martes, por segundo año consecutivo, el programa de inmersión lingüística con comedores de verano, a los que asistirán más de 6.000 alumnos de todas las Islas. Con la reedición de esta iniciativa, de la que Canarias fue pionera el verano pasado, hacemos frente a un problema que la Administración pública no puede desatender.
Hay familias en una situación económica tan delicada que se ven impedidas para proporcionar una adecuada alimentación a los más pequeños. El asunto es tan grave que no admite medias tintas ni ambigüedades. El Gobierno tiene la obligación de dar respuesta, en la medida de sus posibilidades, a esa necesidad familiar. No podemos mirar a otro lado; no podemos dar la espalda a la realidad.
Recientemente, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recomendó a todas las comunidades autónomas que abrieran los comedores escolares en verano para atender a los menores cuyas familias están en situación de exclusión social y garantizar así su adecuada alimentación diaria, recalcando con acierto que la alimentación infantil debe ser una cuestión prioritaria para todos y, especialmente, para las administraciones públicas. Dijo más. Cabe reseñar que la Defensora del Pueblo puso como ejemplo, en el ámbito estatal, la iniciativa del Gobierno de Canarias como precursora el año pasado en abrir los talleres de inmersión lingüística con comedores de verano.
Salvo excepciones, la mayoría de las comunidades del PP han anunciado que no seguirán las recomendaciones de Becerril. En algunos territorios, como Galicia, sus representantes han argumentado que no es una propuesta adecuada porque “podría generar excesiva visibilidad y discriminación”.
En Canarias no estamos dispuestos a cerrar los ojos, a instalarnos en la mentira de que el problema de la alimentación infantil no existe. Muy al contrario, somos conscientes de ello y pretendemos, a través de actuaciones como ésta, dar respuestas adecuadas.
No debemos olvidar, además, que si bien la iniciativa del Gobierno canario se pone en marcha inicialmente con un enfoque de compensación social, también cumple con una finalidad educativa, ya que se pretende mejorar la competencia del alumnado en lengua extranjera y sus conocimientos sobre otras culturas y sociedades; y, en este mismo orden de cosas, estamos favoreciendo la integración e interacción entre estudiantes de distintos centros -por lo demás, tampoco debe perderse de vista la oportunidad laboral que estos talleres ofrecen a muchas personas que tienen en este proyecto su primera experiencia profesional-.
En cualquier caso, la acción del Gobierno canario respecto a la alimentación del alumnado en situación de exclusión social no se reduce únicamente al ámbito de los comedores de verano. Durante el curso escolar, al igual que ocurriera el pasado año, se han aumentado el número de beneficiarios de coste cero o de alguna ayuda de comedor -llegando, en el primer caso, por ejemplo, a atender a 11.500 niños y niñas en cuota cero-.
Desde todos esos puntos de vista, la iniciativa que hemos promovido desde la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad es irreprochable; se ha detectado un problema y se han puesto en marcha medidas para atacarlo y paliar en parte sus consecuencias.
El Gobierno de Canarias mantiene así su compromiso por atender a los sectores más vulnerables de la sociedad, protegiendo a aquellos a los que la crisis está empujando a la exclusión social.
Tenemos un deber moral con quienes, hoy en día y a pesar de los indicios de recuperación económica, siguen sufriendo carencias y no tienen cubiertas sus necesidades básicas -especialmente cuando hablamos de niños y jóvenes, a los que debemos la mayor y mejor protección-.
Seguiremos en la misma línea el tiempo que sea preciso, prestando todo el apoyo que podamos, sin que nos distraigan debates tan artificiales como estériles, cuando no hipócritas.
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