"En las Islas no faltan policías ni guardias civiles"

Jorge Fernández (Valladolid, 1950) visita por primera vez Tenerife como ministro del Interior, si bien ya había estado en Canarias y en la Isla en particular -tiene un hermano que vive en esta y presume de conocerla bien-. Defiende que la futura Ley de Seguridad Ciudadana no servirá para reprimir manifestaciones, sino que logrará un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la salvaguarda de la seguridad.

¿Es Canarias un territorio seguro?

Lo es. Más allá de la percepción subjetiva de que es un lugar seguro compartida por los propios canarios y los 12 millones de turistas anuales que visitan el Archipiélago, Canarias es una comunidad autónoma segura. La tasa de criminalidad de las Islas está por debajo de la media nacional, lo que significa que, objetivamente, es una región más segura que la media española, y quiero resaltar que España es el tercer país más seguro de la Unión Europea debido a la lucha contra la criminalidad desarrollada en nuestro territorio por los cuerpos y fuerzas de seguridad. Los datos objetivos certifican esa percepción subjetiva de que Canarias es segura.

¿Necesita el Archipiélago más efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil?

Los catálogos de las fuerzas de trabajo están prácticamente al 90% de cobertura en estos momentos tanto en policía nacionales como en guardias civiles. Entre ambos, suman unos 7.000 efectivos en las Canarias y esa cifra resulta suficiente. Es verdad que con más efectivos habría una mayor cobertura teórica, pero no hay un problema de falta de efectivos ni de eficacia en las Islas y todos los datos ponen de manifiesto, objetivamente, que la percepción de seguridad que hay en las Islas se corresponden con la realidad.

¿Qué opina de la Policía Canaria?

Por respeto institucional creo que no debo hablar de una policía que es del Gobierno de Canarias, una policía autonómica. Creo que son 89 efectivos que tienen encomendadas unas misiones como la vigilancia y custodia de edificios de la comunidad, protección de personalidades de la región y el área de protección de menores, que es competencia de Canarias. Es evidente que es una policía muy limitada en efectivos y competencias y, con todos mis respetos, pienso que no es homologable a la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Durante años el PP se opuso a la existencia de la Policía Canaria, pero luego la apoyó para gobernar con CC. ¿Fue un error?

Son decisiones políticas en el ámbito del Gobierno autonómico de Canarias y del partido, entienda que no me quiera manifestar. En todo caso, Canarias tiene una dotación adecuada de Policía Nacional y Guardia Civil. Aparte de la seguridad, hay un buen trabajo en Canarias en la lucha contra el narcotráfico, la inmigración irregular o la explotación de mujeres tanto en el plano sexual como laboral, o la lucha contra el fraude y el cobro de prestaciones.

¿Cómo siguen las investigaciones de las desapariciones de Yéremi Vargas y Sara Morales?

Ambas están bajo secreto de sumario. En el caso de Sara, lo lleva la Policía Nacional, y el de Yéremi, la Guardia Civil. Los dos cuerpos se mantienen en contacto con las respectivas familias, lo que es muy importante en situaciones de este tipo. Los casos siguen abiertos, las investigaciones siguen adelante y en ambos hay una buena línea de investigación. Conozco bien la sensibilidad en Canarias con ambos casos y dejo claro que se seguirán trabajando y que, pese al tiempo transcurrido, esperamos que den resultados.

¿Hay alguna novedad sobre la desaparición de armamento del Arsenal Militar en Las Palmas de Gran Canaria?

Como en los casos anteriores, este también está bajo secreto de sumario. La Guardia Civil se encarga del asunto y ya tiene una línea de investigación muy avanzada.

En días pasados llegó una patera a La Palma. ¿Cree que la llegada de cayucos irá a más en el futuro? En la crisis de 2006 llegaron por cayucos unos 31.000 inmigrantes irregulares. No se pueden contar los que fallecieron en el Atlántico en el intento. El año pasado por esa misma vía no llegaron ni 200 a las Islas. Es evidente que algo ha cambiado, y es el desarrollo del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), que es un sistema que funciona extremadamente bien. Además, se ha llegado a unos acuerdos de cooperación con Mauritania y Senegal con patrullas conjuntas y también con Marruecos. En todo caso, además de la habitual inmigración subsahariana, ahora se añaden las inmigraciones derivadas de los conflictos del Sahel y del norte de África a consecuencia de la primavera árabe, los conflictos de Mali y la República Centroafricana o el estado fallido de Libia. En la medida en que se refuerzan el control en Ceuta y Melilla, las mafias buscan otros lugares. Pero la llegada a La Palma es extraña. Por su ubicación geográfica no es el destino más normal.

Las ONG critican las detenciones y deportaciones en caliente de los que logran pisar suelo español. ¿La ley europea ampara ese tipo de actuaciones?

Niego la mayor. El concepto de devolución en caliente está acuñado, pero no existe jurídicamente. Para que haya una devolución debe haber una entrada y tanto Ceuta como Melilla tienen un perímetro fronterizo complejo de diversas vallas: una da a Marruecos; otra, a España, y una más, entremedio. Una cosa es intentar entrar de forma ilegal y otra conseguirlo. Si alguien lo cruza, se le aplica la Ley de Extranjería, pero hasta que no lo hacen no se les aplica esa norma.

¿Restringirá la Ley de Seguridad Ciudadana los derechos civiles? ¿Por qué esa regulación ahora?

Sale ahora porque está en marcha la reforma del Código Penal, que elimina las faltas. Esas conductas siguen existiendo, pero quedarían en un limbo si no entran en la ley. Era necesaria la reforma. Además, hay conductas nuevas que hace 22 años no existían vinculadas a las nuevas tecnologías. Es un ámbito muy sensible porque se trata de derechos fundamentales y libertades públicas en el que se debe encontrar un equilibrio adecuado y, por ello, la norma ha pasado el filtro legal de cuatro informes.

Carlos Acosta (@cmacostah), Tfe.

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