El derribo de la antigua fábrica de Celgán costará 130.000 euros más de lo previsto

La demolición de la antigua fábrica de Celgán, situada en el barrio de Tío Pino, le costará al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife unos 130.000 euros más de la cantidad que el Consistorio había calculado en un principio, que ascendía a 200.000 euros. Este incremento del presupuesto se debe al descubrimiento de amianto en el inmueble, un mineral que se usaba en materiales de construcción y que está prohibido desde el año 2005 porque las autoridades médicas demostraron que los productos relacionadas con el amianto provocan cáncer con una elevada mortalidad.

Los técnicos municipales se encuentran en estos momentos negociando con las dos empresas que podrían realizar el trabajo, Dragados y Roesal. La primera ejecutaría la obra por 338.295,94 euros y la segunda entidad, por 358.125,88 euros, según informó ayer a este periódico el concejal responsable de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Consistorio chicharrero, el socialista José Ángel Martín. El edil manifestó que espera que el derribo de este inmueble, actuación necesaria por el estado ruinoso que presenta la fábrica y porque existe el riesgo de que se produzca un derrumbe de manera inminente, se lleve a cabo antes de que lleguen los meses de verano.

José Ángel Martín recordó que la demolición ya se podría haber ejecutado, pero matizó que esta tuvo que suspenderse porque durante una inspección realizada al edificio, se descubrió la existencia de amianto. Según indicó Martín, el derribo de la antigua fábrica de Celgán podría resultar más peligroso que su actual estado ruinoso si no se retira de manera inmediata dicho material. "Como es lógico no podemos permitir que se lleven a cabo los trabajos de demolición del inmueble, por muy mal que esté, sin antes no eliminamos el amianto", añadió el responsable de la Gerencia de Urbanismo.

Ocupación

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es consciente de que se tiene que actuar con celeridad en este asunto, pues la fábrica ha vuelto a ser ocupada por numerosas personas sin hogar, a pesar de que se había conseguido que la mayoría abandonasen el inmueble cuando se les comunicó el año pasado el peligro que existía. El Consistorio chicharrero confía en que cuando estos ciudadanos vean las palas para proceder al derribo, abandonen voluntariamente el edificio.

Con respecto a que el Ayuntamiento de la capital tenga que gastarse más dinero en la demolición del previsto inicialmente, el concejal responsable de la Gerencia de Urbanismo quiso dejar claro que la Corporación local está actuando de manera subsidiaria en este caso, por lo que todo el presupuesto que el Consistorio destine a la antigua fábrica será reclamado a su dueño, la empresa Promociones Amojo, a la que además la Gerencia de Urbanismo ha puesto una sanción de 50.000 euros por negarse a derribar el inmueble.

El Gobierno local, formado por nacionalistas y socialistas, pidió auxilio judicial en el mes de julio del año pasado para poder demoler esta construcción debido "al peligro inminente de derrumbe" y debido a que la empresa propietaria del edificio no solo se negó a desalojar y demoler la fábrica, sino que además no permitía que el Ayuntamiento de Santa Cruz lo hiciese a través de la ejecución subsidiaria. Cuatro meses después, el Consistorio chicharrero obtuvo el auxilio judicial y justo cuando ya estaba todo preparado para proceder al derribo, la empresa contratada para los trabajos descubre la presencia del mineral amianto en los materiales utilizados para la construcción del inmueble.

fuente . http://www.laopinion.es/