A «semanas» de conocerse la declaración de impacto ambiental, el Alto Tribunal admite una prueba de Repsol
El papel de la Unión Europea en los proyectos de investigación de hidrocarburos en alta mar autorizados a distintas distancias del litoral de los archipiélagos españoles, Canarias y Baleares, se han ceñido hasta ahora a avalar la competencia del Estado sobre los permisos y estos recursos y a «garantizar que dichas decisiones se ajustan a la legislación de la UE», según dejó claro el pasado mes de enero el comisario del ramo Janez Potocnik a la diputada del PP europeo, Rosa Estaràs, en una respuesta parlamentaria de enero sobre los sondeos de Ibiza.
Esta constatación, expresada en sucesivas respuestas por escrito de la Comisión, ha llevado a las instituciones canarias a enfocar su batalla hacia el flanco jurídico de las catas, con las esperanzas puestas ahora en el Tribunal Supremo y en el propio Ministerio de Medio Ambiente.
Es un hecho que los ejecutivos de Paulino Rivero y de las dos administraciones gobernadas por CC y PSOE en Lanzarote y Fuerteventura, interpretan cualquier señal del Alto Tribunal o incluso del Ministerio como un respaldo a su oposición pública a las prospecciones.
Rivero lo tilda de «chapuza»
Pero la realidad es que el último auto del Supremo desestimó dos peticiones sobre cuestiones formales, pero admitió como diligencia final de prueba una respuesta de la Comisión Europea de 24 de enero de este año, presentada por Repsol, en la que esta institución vuelve a recordar que el proyecto exploratorio canario, al que, por cierto, sigue especialmente de cerca, debe cumplir con la legislación europea.
En concreto, con las Directivas 2011/92/UE y 92/43/CEE (Directiva sobre hábitats), aseveró Potocnik en la respuesta admitida. La solicitud de información aclaratoria es un trámite habitual en la declaraciones de impacto ambiental y no significa necesariamente que el expediente esté incompleto, indicaron fuentes ministeriales.
También afirmaron que los técnicos están trabajando con especial intensidad en el expediente y negaron que la marcha de Miguel Arias Cañete afecte a la tramitación. De hecho, fuentes próximas a la compañía precisaron que la publicación de la declaración de impacto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es cuestión de «semanas».
A partir de ese día, en caso de ser positiva, proseguirá el proceso de adjudicación del área de la futura base logística de apoyo a los sondeos en el Puerto de Las Palmas, la tercera alternativa barajada en el estudio de impacto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario