MILES DE EMIGRANTES CANARIOS PUEDEN PERDER SU DERECHO A LA SANIDAD PÚBLICA

Por Ernesto Gutiérrez 

Como ya les sucediera a sus antepasados, hoy miles de canarios se ven obligados a abandonar las Islas en busca de un futuro que se les niega en su propia tierra. En su mayor parte se trata de jóvenes de entre 25 y 35 años de edad para los que, a pesar de su buena cualificación, no existe hueco en un sistema productivo subdesarrollado, cuyo crecimiento se sostuvo durante los últimos años en la burbuja inmobiliaria estimulada por las entidades bancarias y los grandes empresarios instalados en el Archipiélago. 

   Una buena parte de estos nuevos emigrantes, los 6.303 que dejaron las Islas el último año -según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA)-, podrían quedarse ahora sin cobertura sanitaria como consecuencia de la nueva legislación impuesta por el Gobierno central.

  
Según publicó el BOE el pasado 26 de diciembre, el 1 de enero entró en vigor una limitación a la Ley General de la Seguridad Social, en virtud de la cual, y “a efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España, aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los 90 días en cada año natural”.

   Esta medida obligará a todos los que hayan abandonado el país a contratar servicios de sanidad privada fuera de nuestras fronteras o a renunciar directamente a la atención médica. Una vez retornen estarán excluidos del sistema sanitario hasta que consigan un nuevo contrato de trabajo. Una vez pasados 90 días desde su marcha serán considerados como “no residentes” y no tendrán derecho a ser atendidos en los hospitales del país, según se observa en el artículo de la nueva norma.

   Fuentes consulares del propio gobierno español reconoce que esta medida  puede provocar que miles de canarios que residen en el exterior en estos momentos se vean afectados por la“limitación” de su cobertura sanitaria, si en algún momento deciden regresar. O dicho en roman paladino, al volver a las Islas se encontrarían en la misma situación que los casi 52.000 inmigrantes a los que la Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo dejo sin esta cobertura, pese a haber prometido públicamente que no lo haría.

   Por su parte, los responsables del Ministerio de Sanidad defienden la medida, asegurando que  la nueva situación afectaría “solo a los parados de larga duración que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo”. En el departamento que dirige Ana Mato recalcan que el objetivo de todas estas disposiciones, que están arrebatando el derecho básico a la asistencia ciudadana a cientos de miles de personas - con independencia de su nacionalidad - es “racionalizar el gasto” y limitar la cobertura médica “de por vida” que gozaban hasta ahora los residentes en la Unión Europea.

fuente : 

http://canarias-semanal.org/