En marzo de 2019 con motivo de la celebración de la Junta de Accionistas del BBVA que anualmente tiene lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, la antimilitarista Koldobi Velasco participó junto a otras activistas de las plataformas contra el BBVA y EH Kapitalari Planto! en una acción de protesta.
Tras la identificación policial seis personas fueron propuestas para sanción por la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco recurriendo a la Ley Mordaza. Las sanciones fueron recurridas por las activistas y los grupos organizadoras de la acción, por entender que la protesta y la movilización social son derechos fundamentales de la ciudadanía. Por tanto, la actuación contra las mismas a través de la Ley Mordaza supone un ataque a la libertad de reunión y de expresión y un intento de desmovilizar la protesta a través de multas. En su sentencia la jueza Rosa Esperanza Sánchez Ruíz-Tello considera que “como ejercicio del derecho a la libertad de expresión la protesta fue lícita, legítima y eficaz” y en consecuencia resolvió a favor de la activista.
Alternativa Antimilitarista MOC, una de las organizaciones participantes en la protesta, valora muy positivamente el contenido de la sentencia porque supone un reconocimiento de la legitimidad de la desobediencia civil como herramienta de participación política y una reivindicación de la libertad de expresión frente al recorte de derechos que supone la Ley mordaza aún vigente.
El objetivo de la protesta llevada a cabo en 2019 era denunciar que los beneficios del BBVA estaban, y siguen estando, “manchados de sangre” y que “la guerra empieza aquí”, y más concretamente las siguientes cuestiones:
El BBVA es el banco español que lidera las inversiones en industria armamentística, financiando empresas productoras de diferentes tipos de armas que posteriormente son utilizadas en diversas guerras, provocando la muerte y el desplazamiento forzoso de millones de personas a lo largo y ancho del mundo.
A pesar de haberse beneficiado de más de 13.000 millones de euros del rescate bancario, la entidad ejecuta cada año centenares de desahucios que afectan a los sectores de población más dañados por la crisis económica.
Forma parte del lobby bancario que presiona para profundizar en la privatización de las pensiones a costa del modelo público que protege actualmente a la inmensa mayoría de las personas jubiladas.
Este banco financia macroproyectos extractivistas con gran impacto social y medioambiental por todo el planeta.
*Comunicado remitido a este blog para su publicación por la Asamblea Canaria Antimilitarista.
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