El documento refuerza la cooperación entre ambas instituciones con una comunicación más ágil ante los casos de fraude El protocolo promueve además el asesoramiento y la formación conjunta para la prevención y la lucha contra el fraude de los intereses financieros de la Unión Europea.
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el Interventor General de la Administración del Estado (IGAE), Pablo Arellano, han firmado hoy un Protocolo General de Actuación para la coordinación y cooperación en materia de fraude a los intereses financieros de la Unión Europea.
La relación de la Guardia Civil con el Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude (SNCA) –integrado en la IGAE- ha sido desde sus
inicios muy estrecha y fluida. Este protocolo refuerza su interrelación
tanto en materia de formación como de colaboración en las actuaciones e
investigaciones que se llevan a cabo en el ámbito del fraude a intereses
de la Unión Europea.
Con esta firma, se aumenta la cooperación y coordinación entre
ambas instituciones mediante tres mecanismos de colaboración: un canal
ágil de comunicación para la transmisión de información sobre casos de
fraude; la ejecución conjunta de investigaciones de relevancia
administrativa o penal así como el asesoramiento en materia específica
de cada organismo; y la formación conjunta para la prevención y lucha
antifraude.
La lucha contra los delitos económicos es una prioridad para la
Guardia Civil, especialmente contra los fraudes a la Hacienda Pública y
a los intereses de la Unión Europea. Para esta tarea es esencial la
coordinación con otras instituciones.
Por su parte, el SNCA realiza actuaciones de investigación
administrativa de posibles irregularidades y casos de fraude que afectan
a los intereses financieros de la UE.
En este sentido, el SNCA tiene en marcha un canal específico para
que cualquier persona que tenga conocimiento de posibles fraudes o
irregularidades en relación con operaciones financiadas con fondos de la
UE, lo pueda denunciar.
Las actividades ilícitas cometidas contra los intereses financieros
de la Unión, constituyen un fraude en el gasto de la política de
cohesión. Además, reducen los recursos de las administraciones y
perjudican directamente los derechos de los ciudadanos, causando un
perjuicio a la sociedad.
El Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre
la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y la
lucha contra el fraude de 2019, expone que durante el año pasado se
notificaron 939 irregularidades fraudulentas, con un importe asociado
aproximadamente de 461,4 millones de euros.
Durante el 2019, la Guardia Civil lideró junto a EUROPOOL la
operación OPSON IX contra el fraude agroalimentario en la que la OLAF
dirigió y coordinó la acción específica destinada a garantizar el
cumplimiento tributario relativo al vino y las bebidas alcohólicas.
En esta operación, la Guardia Civil detectó más de 900 infracciones
administrativas y 23 infracciones penales, con un balance de 19
personas detenidas y 40 investigadas, a los que se les imputan delitos
contra la salud pública, falsedad documental, contra los consumidores y
estafa.
Entre las principales operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil destacan:
- Operación AÑEJA en la que se desarticuló una organización criminal dedicada a la falsificación de bebidas alcohólicas de diferentes marcas y su distribución posterior, consiguiendo identificar a los responsables de cada uno de los procesos realizados en la actividad delictiva: fabricación, depósito, precinto y distribuidores. Se procedió a la investigación de 14 personas y a la aprehensión de 21.060 botellas valoradas en más de 316.000 euros.
- Operación VEZA: en la que se han realizado numerosas investigaciones en relación a irregularidades en la solicitud de las ayudas de la PAC (Política Agraria Comunitaria), consistentes en la utilización de la fincas de terceros, sin su conocimiento ni autorización, para solicitar/percibir las ayudas mencionadas.
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