Mario Conde tras ser exculpado por la Audiencia Nacional reclama al Estado 51 millones de euros
José Antonio Cabrera. ASSOPRESS
El ex banquero Mario Conde ultíma una reclamación millonaria contra el Estado de más de 50 millones de euros tras haber sido exonerado por la Audiencia Nacional en la denominada 'Operación Fénix', que le condujo a prisión de nuevo en abril de 2016.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la
Fiscalía Anticorrupción le acusaron entonces de repatriar más de 12
millones de euros procedentes de Banesto y anunciaron haber encontrado
fondos distraídos de la entidad bancaria que no habían podido ser
localizados hasta ese momento. Según los investigadores, Conde intentaba
de esta forma esquivar las responsabilidades civiles del caso Banesto,
que se fijaron en más de 26 millones de euros.
La Sección Tercera de la Audiencia Nacional exculpó por completo hace ahora un año a Conde, a su familia y a los colaboradores que fueron detenidos y encarcelados con él por fraude fiscal y blanqueo, tras descartar que los fondos manejados por la familia Conde en Suiza, procedieran de la entidad financiera que presidió.
Tal y como defendió Conde desde el primer momento, el origen del dinero, estaba en la venta de los Laboratorios Abelló a la firma italiana Montedison: la célebre operación que le convirtió en multimillonario a finales de la década de los ochenta y que le permitió comprar acciones del banco para tomar su control.
Conde va a interponer en los próximos días, tal y como hemos podido confirmar, una reclamación patrimonial contra el Estado, en la que van a estar integrados sus hijos y otras once personas que fueron implicados en la denominada Operación Fénix.
La demanda la ha confeccionado el letrado Manuel Santaella, hijo del histórico letrado del ex banquero, y se basa en el fiasco de la operación judicial que devolvió a Mario Conde a prisión, durante un periodo de dos meses, dos décadas después de que el Tribunal Supremo le condenara por el denominado caso Banesto a 20 años de prisión.
Los reclamantes, encabezados por Conde, subrayan en su reclamación, en primer lugar, que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el 30 de mayo de 2019 el sobreseimiento que previamente, en octubre de 2018, había decretado el juez Santiago Pedraz. Todo ello después de que en marzo de 2016 y tras una investigación que duró dos años, el Ministerio Público atribuyese a la familia Conde y a sus principales colaboradores, un rosario de 11 delitos graves por lavar el dinero procedente de las apropiaciones indebidas, que el propio Conde supuestamente realizó en Banesto bajo su mandato. Las pesquisas fallidas se iniciaron en 2014 después de que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) detectara una transferencia procedente de Suiza que ascendía a 600.000 euros.
Mario Conde, su hija Alejandra, y el abogado Javier de la Vega, destacan, que pasaron algo más de dos meses en prisión preventiva (en el caso de Alejandra Conde fue sometida a un arresto domiciliario por razones humanitarias debido a la enfermedad de su hijo), y se acogen a la nueva doctrina del Tribunal Constitucional que establece que todas las prisiones preventivas serán indemnizables, cuando se demuestre la inocencia del privado de libertad, como es su caso.
La Sección Tercera de la Audiencia Nacional exculpó por completo hace ahora un año a Conde, a su familia y a los colaboradores que fueron detenidos y encarcelados con él por fraude fiscal y blanqueo, tras descartar que los fondos manejados por la familia Conde en Suiza, procedieran de la entidad financiera que presidió.
Tal y como defendió Conde desde el primer momento, el origen del dinero, estaba en la venta de los Laboratorios Abelló a la firma italiana Montedison: la célebre operación que le convirtió en multimillonario a finales de la década de los ochenta y que le permitió comprar acciones del banco para tomar su control.
Conde va a interponer en los próximos días, tal y como hemos podido confirmar, una reclamación patrimonial contra el Estado, en la que van a estar integrados sus hijos y otras once personas que fueron implicados en la denominada Operación Fénix.
La demanda la ha confeccionado el letrado Manuel Santaella, hijo del histórico letrado del ex banquero, y se basa en el fiasco de la operación judicial que devolvió a Mario Conde a prisión, durante un periodo de dos meses, dos décadas después de que el Tribunal Supremo le condenara por el denominado caso Banesto a 20 años de prisión.
Los reclamantes, encabezados por Conde, subrayan en su reclamación, en primer lugar, que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el 30 de mayo de 2019 el sobreseimiento que previamente, en octubre de 2018, había decretado el juez Santiago Pedraz. Todo ello después de que en marzo de 2016 y tras una investigación que duró dos años, el Ministerio Público atribuyese a la familia Conde y a sus principales colaboradores, un rosario de 11 delitos graves por lavar el dinero procedente de las apropiaciones indebidas, que el propio Conde supuestamente realizó en Banesto bajo su mandato. Las pesquisas fallidas se iniciaron en 2014 después de que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) detectara una transferencia procedente de Suiza que ascendía a 600.000 euros.
Mario Conde, su hija Alejandra, y el abogado Javier de la Vega, destacan, que pasaron algo más de dos meses en prisión preventiva (en el caso de Alejandra Conde fue sometida a un arresto domiciliario por razones humanitarias debido a la enfermedad de su hijo), y se acogen a la nueva doctrina del Tribunal Constitucional que establece que todas las prisiones preventivas serán indemnizables, cuando se demuestre la inocencia del privado de libertad, como es su caso.
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