Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- Más de seis millones de euros se embolsó ilegítimamente el presidente de la U.D. Las Palmas y Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, entre los años 2012 y 2014, mediante la aplicación de un descuelgue ilegal del convenio colectivo. Así lo acaba de dictaminar el Tribunal Supremo, al declarar nulo el"acuerdo" al que llegó Seguridad Integral Canaria con una parte de su plantilla para apartarse de dicho convenio, establecido a nivel estatal en el sector de la seguridad privada.
Como se recordará, la empresa de Ramírez, que actualmente se encuentra imputado por un presunto fraude multimillonario a la Hacienda pública y la Seguridad Social, ha logrado las concesiones para la seguridad privada de numerosos organismos públicos en el archipiélago, pero también de tres líneas de Metro de Madrid y de varios edificios del Patrimonio Nacional.
En 2012, la compañía informó a los sindicatos de que su facturación estaba sufriendo una merma del 13 % debido a las negociaciones a la baja que estaban realizado las administraciones públicas y a los impagos que sufría por parte de varios clientes.
Con este pretexto, dejó de aplicar a sus vigilantes el convenio colectivo nacional de la seguridad privada y reducir sus retribuciones por varias vías.
Finalmente, Ramírez elimió los pluses de nocturnidad, festivos, Nochebuena, fin de año e incapacidad laboral y elevó la jornada a 184 horas mensuales.
Además, transformó el 17 por ciento del sueldo fijo de sus empleados en un complemento de productividad que solo cobrarían si trabajaban las 184 horas fijadas cada mes, de modo que el salario base de sus vigilantes pasaba a ser de 726 euros mensuales.
Ese descuelgue del convenio era aplicable a toda la plantilla de la provincia de Las Palmas y a los empleados de los centros de trabajo de otros lugares de España que no tuvieran representantes laborales (delegados de personal o comité de empresa propio).
En su recurso ante el Supremo, Seguridad Integral Canaria defendía que la situación económica de la empresa justificaba legalmente las medidas que tomó para apartarse del convenio colectivo y reducir sus costes laborales.
Sin embargo, la Sala le recuerda que el TSJC no entró a valorar tales motivos, sino que declaró nulo el acuerdo por no ajustarse a las exigencias legales de negociación con la plantilla, como habían denunciado USO, UGT, Intersindical y Alternativa Sindical.
El Supremo recuerda que el TSJC declaró probado que ese descuelgue del convenio solo se negoció con un comité que no podía representar a la totalidad de la plantilla y, dentro de ese comité, solo con los delegados de una candidatura independiente de trabajadores, dejando al margen al vocal de CCOO.
También subraya que, a juicio del TSJC, "no existió un verdadero período de consultas, sino una mera apariencia de negociación, sin contenido real". Para el Alto Tribunal, esa conclusión no es "una mera apreciación subjetiva", sino el resultado de las pruebas practicadas durante este litigio entre Seguridad Integral Canaria y los sindicatos.
Los 2.000 trabajadores de Seguridad Integral Canaria en la provincia de Las Palmas podrán recuperar más de seis millones de euros de retribuciones que dejaron de percibir entre 2012 y 2014, tras descolgarse la empresa del convenio nacional por un acuerdo que ha anulado el Tribunal Supremo, según Alternativa Sindical.
El coordinador delegado del Alternativa Sindical, trabajador y miembro del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria, Sergio Hernández, ha considerado hoy a Efe "un gran logro" esta sentencia tras casi dos años "peleando por el descuelgue ilegal de esta empresa", como ha reconocido ahora la Sala de lo Social del Supremo.
Se trata de una "gran victoria" porque cada trabajador recuperará entre 300 y 400 euros que se le descontaban mensualmente en la nómina, al tiempo que "un gran logro por el gran miedo que existe hace el empresario de esta empresa", ha afirmado Hernández.
El representante de Alternativa Sindical, que es el cuarto sindicato en importancia en el sector de seguridad en España, ha informado además de que están pendientes de que el Supremo dicte sentencia sobre el recurso presentado contra el convenio colectivo, aprobado en mayo del 2013.
Este convenio ha sido anulado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque fue suscrito, en lo que respecta a la parte de los trabajadores, en su mayoría por mandos intermedios y la propia empresa, ha indicado Hernández.
En caso de que el Supremo mantenga la tesis del tribunal canario, los trabajadores podrían recuperar una cantidad económica similar, ya que la empresa aprobó el citado convenio, que supone un nuevo descuelgue del nacional, en las mismas condiciones establecidas que en el acuerdo ahora anulado por el Supremo.
fuente : http://canarias-semanal.org/not/17438/miguel-angel-ramirez-obligado-a-devolver-mas-de-6-millones-de-euros-de-euros-a-los-seguritas-de-las-palmas/
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