[Comunicados Ecologistas Canarias] NP: Solicitan que se abra un procedimiento participativo de diagnóstico previo al primer borrador de la nueva Ley de Territorio

Ben Magec - Ecologistas en Acción solicita un procedimiento de diagnóstico, participativo, previo al primer borrador de la nueva Ley de Territorio

Tras el anuncio de la elección del grupo de expertos que trabajarán en la redacción del texto que compondrá la nueva Ley de Territorio de Canarias, Ben Magec - Ecologistas en Acción solicita que, previo a la redacción del primer borrador, se abra un procedimiento de análisis del contexto y diagnóstico de la situación, y que en él puedan participar tanto la federación ecologista como cualquier persona u organización que lo solicite.

Ben Magec - Ecologistas en Acción ha enviado una carta al Presidente del Gobierno y a la Consejera y al Viceconsejero de Ordenación Territorial, en la que solicitan que se abra un proceso de diagnóstico previo a la redacción del primer borrador de la nueva ley de Territorio de Canarias que se proponga, ya que la opinión de partida de la organización difiere de la opinión gubernamental, y ésta condicionará la formulación del corpus normativo y dificultará el consenso final en caso de hacerse un borrador con las premisas equivocadas. Esta carta también será enviada a los miembros de esa comisión de expertos.

La Federación afirma que tanto la legislación canaria como la planificación política han sufrido una clara regresión en cuanto a la voluntad de conservar los recursos naturales y contener la tendencia a hipertrofiarse de un sector como la construcción, en detrimento de sectores vitales como el primario y a costa del excesivo uso de un recurso no renovable como el suelo. Es más, la Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Ordenación del Territorio y los Recursos Naturales ha cercenado cualquier posibilidad de buscar amparo en unas Directrices de Ordenación del Territorio que, hasta su aprobación, eran de obligatorio cumplimiento (aunque no se cumplieran), y ahora se han convertido en unas meras orientaciones sin ninguna capacidad vinculante. También ha dado pie a la posibilidad de condicionar la planificación de los recursos naturales a la planificación general, cosa que vulnera el orden natural establecido en la ley básica.

En estos últimos tiempos, el marco normativo estatal y canario han sufrido la embestida de normas desreguladoras como la Ley de Montes, la Ley de Costas, la citada Ley de Armonización, o la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que levanta la moratoria turística aprobada en el año 2003 y da pie a que se puedan volver a construir nuevos establecimientos turísticos en nuevo suelo. 

Recientemente se aprobó una figura denominada 'Proyectos de interés estratégico para Canarias', que supone una pérdida inaceptable de calidad democrática al recortar a la mitad todos los plazos de tramitación de proyectos de implicación territorial, incluidos los de participación pública, lo cual implica una importante pérdida de garantías puesto que limita las posibilidades de advertir de cualquier afección al medio ambiente.

Por otra parte, la realidad es que, aunque los años de crisis económico-financiera supusieron un importante parón en la construcción de nuevo suelo tanto para el mercado de viviendas como de infraestructuras, existe una voluntad clara y manifestada públicamente por parte de los responsables institucionales, de volver a impulsar al sector inmobiliario y turístico como los motores de la economía. Y esto se está viendo reflejado en la cantidad de planes de urbanización que están saliendo a información pública día de hoy, más aquéllos a los que se les concede directamente la exoneración del EIA, así como en la aprobación de ampliaciones de hoteles como el Hotel Lopesán Villa del Conde Resort y Talaso, declarado de “Interés estratégico para Canarias”.

 Por todo ello, Ben Magec – Ecologistas en Acción quiere ampararse en las garantías que aún ofrecen los Convenios Internacionales firmados por el Estado español, como el Convenio de Aarhus y su aplicación al marco jurídico Europeo y Estatal y solicita que esta necesaria fase de diagnóstico previo se abra a todos los colectivos interesados, tanto ecologistas y conservacionistas como cualquiera otro que considere que tiene algo que aportar al respecto de un tema de interés general.