Hoy se cumplen dos años de la entrada en vigor del Reglamento europeo que prohíbe la comercialización en Europa de madera y productos forestales procedentes de la tala ilegal, reglamento conocido como European Timber Regulation o EUTR.
Según este reglamento, las empresas que comercializan con madera y otros productos forestales en la Unión Europea están obligados a establecer sistemas de evaluación de riesgo que descarten madera de aquellas empresas, regiones o países donde exista un riesgo considerable o elevado de adquirir madera ilegal debido al incumplimiento de las leyes forestales, corrupción, falta de transparencia, conflictos bélicos, violaciones de derechos humanos, etc.
¿Qué se ha hecho en España en este sentido? Muy poco, por decir algo. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) lleva más de dos años anunciando que tiene un borrador de Real Decreto que establecerá los mecanismos y procesos administrativos para aplicar el Reglamento EUTR, nombrando una Autoridad Competente y estableciendo una metodología de controles periódicos y metódicos a las empresas importadoras de productos forestales. El Ministerio también dice que tiene elaborado el borrador del plan de controles a las empresas, aunque no ha sido compartido con las ONGs. Y la Ley de Montes, cuya tramitación parlamentaria a comenzado a principios de año en el Congreso de Diputados, incluirá el régimen sancionador por incumplimiento de la EUTR. Muchos planes y pocos hechos. No sólo hay una demora de más de dos años, en las sucesivas reuniones con el MAGRAMA hemos constatado el profundo desconocimiento por parte de los responsables de esta administración pública de la dimensión del problema de la tala ilegal y los compromisos adquiridos para abordar la lucha contra el mismo. Algunas intervenciones de los responsables de este Ministerio dejan claro el grado de complicidad y su comprensión ante los problemas del sector de la madera en España, así como su poco interés en solucionar la responsabilidad que tiene este sector con el comercio de madera procedente de talas ilegales.
Por no escuchar, el MAGRAMA no escucha ni a los señores Diputados. El Grupo Popular en el Congreso presentó en febrero de 2013 una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados donde instaba al Gobierno a "Dictar las normas legislativas necesarias para incorporar la normativa europea a la legislación nacional". La PNL fue discutida y aprobada en septiembre de 2013. Pero el MAGRAMA no ha considerado prioritario cumplir este mandato.
El pasado 30 de julio de 2014, la Comisión Europea publicó las conclusiones de una evaluación sobre el grado de cumplimiento de la EUTR en los países europeos en la que señala al Estado español entre los peor valorados por no haber aplicado a la legislación española un año después de su entrada en vigor. La Comisión evaluó a sus Estados miembros en función de las tres principales obligaciones de dicha normativa: la designación de una autoridad competente, la adopción de sanciones y el control del cumplimiento por parte de las empresas importadoras de madera.
Según este ranking, actualizado recientemente, de los 28 países de la UE sólo dos están en peor situación que España (Polonia y Hungría), dos países están en la misma situación que nosotros (Luxemburgo y Malta) y países como Rumanía y Grecia nos adelantan a la hora de cumplir sus obligaciones con la EUTR.
Así de triste es el compromiso del Gobierno Español en la lucha contra la tala ilegal en el mundo.
¿Qué puedes hacer tú?
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