El Gobierno español ha anunciado una macro-operación contra empresas españolas por su presunta implicación en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Dicho procedimiento podría tener como resultado la imposición de sanciones históricas impuestas a ciudadanos y empresas españolas por el hecho de estar involucrados en actividades de pesca ilegal.
Este caso es el primero de su naturaleza desde que España adoptó su nueva ley de pesca a principios de año. Esta ley permite a las autoridades españolas sancionar a ciudadanos españoles que hayan tenido una participación, también de carácter económico, en operaciones de pesca ilegal independientemente de dónde se produzcan éstas.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) agota las poblaciones de peces, daña los ecosistemas marinos, coloca en una situación injusta de desventaja a los pescadores que trabajan dentro del marco de la legalidad y hace peligrar el sustento de algunas de las comunidades más vulnerables del planeta. Se estima que la pesca INDNR puede llegar a costar a las economías mundiales hasta 19.000 millones de euros cada año, lo cual equivale a 26 millones de toneladas de pescado capturado.
España, la principal potencia pesquera de Europa y mayor importador y exportador de productos de la pesca de la UE, es el primer Estado miembro en tomar medidas contra la pesca pirata. España representa el 20% de la capacidad pesquera de Europa y cuenta con el mayor número de ciudadanos empleados en el sector pesquero.
El reglamento sobre la pesca INDNR de la UE, que entró en vigor en 2010, pretende impedir el acceso del pescado capturado ilegalmente a la UE exigiendo "certificados de captura" para las importaciones y las exportaciones de productos de la pesca. Este Reglamento también impone sanciones a los ciudadanos de la UE que se beneficien económicamente de la pesca INDNR y prohíbe la importación de pescado procedente de Estados y buques pesqueros de los que se conoce que están involucrados en actividades de pesca INDNR. El reglamento y el modo en el que la UE lo ejecuta son únicos en la esfera internacional.
Las empresas inspeccionadas en La Coruña dentro de la macro-operación "Sparrow" están presuntamente vinculadas a buques de pesca pirata activos en aguas antárticas de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA, o CCAMLR en sus siglas en inglés).
Las autoridades de Nueva Zelanda ya en enero de este año identificaban buques pescando ilegalmente merluza negra (Dissostichus eleginoides) en el Océano Austral y apuntaban a una supuesta vinculación con empresas españolas.
La Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF, que han formado una coalición para apoyar la lucha contra la pesca INDNR en Europa, acogen favorablemente esta decisión de España, dado que supone un importante paso hacia la erradicación de esta plaga global.
María José Cornax, Directora de campañas de pesca de Oceana Europa: "Nuestra coalición se congratula por las medidas aplicadas por el Gobierno español para acabar definitivamente con la participación histórica de algunos operadores españoles en actividades de pesca INDNR realizadas en todo el planeta. Los Estados miembros de la Unión Europea están demostrando que su compromiso con la erradicación de la pesca ilegal no se limita al mercado de la UE y que consideran que ningún ciudadano de la UE debería beneficiarse de dichas operaciones ilegales, independientemente del lugar del mundo en el que se lleven a cabo".
Anthony Long, Director del proyecto "ending illegal fishing" de Pew: La eficacia de cualquier legislación está directamente vinculada a la voluntad que exista de aplicarla y de velar por su cumplimiento. Con el inicio de este nuevo procedimiento, el Gobierno español está demostrando la fuerza y el potencial que tiene la legislación de la Unión Europea, diseñada para combatir la lacra que supone la pesca ilegal. Independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren las personas que participen en actividades de pesca ilegal, ya no están fuera del marco de la ley ni fuera del alcance de las autoridades. Esta legislación, combinada con una mejor tecnología de rastreo de buques, se encarga de garantizarlo.
http://www.bajoelagua.com/mundo-submarino/noticias/2015-03-17/gobierno-espanol-inicia-procedimientos-contra-1209.html
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