Los aeropuertos canarios no pueden quedar sometidos al dictado de los mercados, teniendo en las cuentas de empresas privadas su única obediencia; no puede ocurrir que unas infraestructuras fundamentales para la cohesión social y el desarrollo económico de nuestras Islas se deban únicamente a determinados accionistas y no a los dos millones de personas que vivimos en esta tierra.
La conectividad del Archipiélago, la movilidad de nuestra gente, el futuro del sector turístico dependen del buen funcionamiento de los aeropuertos y, en este caso, que dichas instalaciones se gestionen por los poderes públicos es la mejor garantía –la única- para la defensa y el blindaje del interés general.
Es nuestra obligación -y absolutamente nadie puede mirar hacia otro lado- garantizar que el funcionamiento de los aeropuertos canarios no dependa de criterios economicistas.
Hablamos de infraestructuras que tienen la consideración de “interés general”, cuya competencia correspondería a Canarias si el Estado no las gestionase directamente, según recoge el artículo 33.13 de nuestro Estatuto de Autonomía. Esa mención estatutaria no es gratuita, es fruto de la conciencia que siempre ha existido en las Islas sobre la necesidad de salvaguardar la gestión de los transportes –vitales en un archipiélago- de los vaivenes de los mercados.
La movilidad de los canarios no se puede modular ni, desde luego, cercenar en función de la rentabilidad económica de ninguna empresa privada. Por eso, desde que se conocieron los primeros movimientos en torno a la privatización de AENA en el Gobierno de Canarias pusimos en marcha diversas iniciativas.
Expresamos nuestro desacuerdo por los cauces políticos. Presentamos reparos ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores -instando a incluir en el folleto informativo de la Oferta Pública de Venta la impugnación de la Comunidad Autónoma a la citada operación-. Solicitamos la reunión de la comisión bilateral Canarias-Estado para negociar; y, ante el silencio del Estado sobre esta última petición, presentamos un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo que el pasado 15 de enero fue admitido a trámite-.
Ahora, después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la segunda fase de esta operación, hemos iniciado los trámites para exigir –también ante el Tribunal Supremo- la suspensión cautelar del proceso privatizador de AENA -hasta que se resuelvan las negociaciones y recursos judiciales pendientes con la representación de la Comunidad Autónoma-.
Hemos remitido una Comunicación al Parlamento de Canarias, fruto de la cual la Cámara aprobó una propuesta de resolución en la que se rechaza la privatización, instando al Ejecutivo autónomo a iniciar una negociación con el Estado para establecer un sistema de gestión diferenciada y única que, en caso contrario, establezca una estrategia jurídica y política para evitar la privatización y obtener la transferencia.
En esa dirección, en el Gobierno de Canarias hemos reaccionado en tiempo y forma. Nada ni nadie nos ha distraído en este asunto, que consideramos de la mayor importancia y al que hemos dedicado atención, tiempo y esfuerzo.
El Gobierno de Canarias tiene el mandato del Parlamento para defender, en los términos que cité anteriormente, el interés general de la Comunidad Autónoma. Política y jurídicamente, se han dado todos los pasos posibles. Pero también necesitamos el empuje de la sociedad canaria y, en la línea de lo manifestado esta misma semana por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, necesitamos que el empresariado canario se pronuncie claramente sobre el particular y haga causa común con la defensa del interés general. Porque al margen de que pueda haber empresarios directamente concernidos en el proceso de privatización, el grueso de este colectivo debe entender que la privatización puede suponer un obstáculo a sus propios proyectos empresariales e intereses económicos, a sus intereses, que son y deben ser también los de Canarias.
Aspiramos a un modelo mixto consorciado en el que participen las instituciones canarias y las organizaciones representativas de empresarios y sindicatos. Un modelo que va más allá de orientaciones políticas, como lo demuestran las declaraciones efectuadas recientemente por el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá (del PP), quien ha dicho que la “mejor opción” para la gestión de AENA es que en ésta participe tanto el propio Ejecutivo balear, como empresas y colectivos de las islas. Por algo será.
Los empresarios canarios no pueden mirar hacia otro lado en este asunto. Deben dar la cara porque todos, también ellos, nos jugamos mucho.
http://paulinorivero.com/2015/02/01/empresarios-no-mirar-otro-lado/#more-20561
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