Isabel Lusarreta
El interventor del Ayuntamiento de Arrecife, que estuvo 10 meses en prisión provisional por su imputación en el caso “Montecarlo”, ha pasado a estar imputado también en una de las piezas centrales del caso “Unión”, la número 12. La juez Silvia Muñoz ha decidido llamar a declarar a Carlos Sáenz el próximo viernes 25 de abril, para que responda por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Junto a Sáenz, también han pasado a estar imputados en esta pieza la hija de Dimas Martín, Elena Martín, que es jefa de Contratación del Ayuntamiento, así como dos técnicos de la Concejalía de Parques y Jardines: Yoana Cabrera Machín León y Loyola del Mar Hernández Álvarez.
Concretamente, en esta pieza se investigan los contratos con Antonio Gómez Ruiz, a través de Estudio de Arquitectura La Palmita; con Construcciones y Reparaciones Reina, de Manuel Gregorio Reina Fabre; con Canary Island Publications S.L., editora de la revista Viva Lanzarote, y con Infogelan Construcciones e Infogelan Fontanería, de Jesús Manuel Martín Brito. Esta última empresa es la que presentó una facturación más abultada, llegando a cobrar 1.193.052 euros del Ayuntamiento durante el periodo investigado. El propio administrador de la empresa reconoció tras ser detenido haber pagado comisiones ilegales a cambio de las adjudicaciones.
Además, en la causa no sólo se investiga la adjudicación irregular de contratos y servicios, sino también si esos trabajos se realizaron realmente y si hay “duplicidad” de obras o “sobrecoste en la ejecución”. Para determinarlo, la Fiscalía recuerda que se solicitó una pericial auditoría a la empresa Godoy Consultores y pide a la juez que se le requiera “con carácter urgente” para que informe del estado en el que se encuentra ese informe.
Asociación ilícita y “maquinaciones”
Hasta ahora, en esta pieza ya estaban imputados el líder histórico del PIL, Dimas Martín; el que entonces era su mano derecha, Matías Curbelo, y cuatro concejales del partido en el Ayuntamiento de Arrecife: José Miguel Rodríguez; Ubaldo Becerra, María Luisa Blanco y Antonio Machín.
La Fiscalía considera todos ellos formaban parte de una “posible trama corrupta que anida en el Ayuntamiento de Arrecife bajo una asociación ilícita y/o coparticipación delictiva, consistente en la ejecución de hechos esenciales para la comisión de delitos de múltiple proyección (maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación, revelación de información reservada y privilegiada, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos…), pero cuyo denominador común es el ataque a la administración pública”.
El nexo de unión de casi todos los imputados en esta pieza está en su “pertenencia al Partido de Independientes de Lanzarote, bajo el poder omnipresente de quien fuera el fundador de la formación política, el imputado Dimas Martín, quien se valdría de los concejales del grupo PIL para la obtención de fondos irregulares con los que atender la financiación de su partido político y además enriquecerse con las cuantiosas comisiones ilegales exigidas a los empresarios como medio para la adjudicación de obras y contratos con la Corporación Local”.
A cambio, según el escrito del fiscal, estos empresarios recibían “la adjudicación en cascada de contratos que, bajo la fraudulenta modalidad de contratación menor, quebrantaban las más elementales normas de licitación pública: transparencia, legalidad, libertad de concurrencia e igualdad de oportunidades”.
El interventor, pieza clave en otra causa
Aunque su nombre aparece varias veces en el sumario del caso "Unión", el interventor de Arrecife no fue imputado en el inicio de esta causa, pero sí en otra pieza investigada posteriormente, la número 13, centrada en los pagos a una empresa de electricidad por trabajos presuntamente no prestados. Además, fue detenido e incluso enviado a prisión provisional en otro procedimiento abierto después, el caso Montecarlo.
En esa causa, Carlos Sáenz es el principal imputado y debe responder por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad de documento público no sólo en el Ayuntamiento de Arrecife, sino también en el de San Bartolomé y en el Consistorio majorero de La Oliva, en los que también fue interventor.
En el caso Montecarlo, en el que se investiga el pago de facturas "infladas" o por trabajos no realizados en esos municipios, Sáenz habría actuado presuntamente en connivencia con políticos de otras formaciones. De hecho, en esa causa sólo hay imputado un ex cargo del PIL, José Miguel Rodríguez, y el resto son de distintos partidos, como el PP, CC y el PSOE.
Tras pasar 10 meses en prisión provisional, Carlos Sáenz pidió reincorporarse a su puesto de interventor en Arrecife y aunque inicialmente se acogió durante varios meses a una baja médica, en agosto volvió a ocupar su cargo, en el que continúa actualmente.
fuente : http://www.lavozdelanzarote.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario