" Patrimonio Nacional contrata a una empresa acusada de defraudar a Hacienda "

Al ser un procedimiento abierto, oficialmente y a pesar del informe en que la propia Hacienda asegura que el empresario actuó de manera "dolosa" y no negligente, a la Agencia Tributaria no le constan deudas

TOÑI FERNÁNDEZ 

Para conseguir el concurso de más de 11 millones de euros, Seguridad Integral Canaria presentó un certificado que garantizaba estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Patrimonio Nacional pidió a Hacienda el cotejo de esos datos después de que la Cadena SER revelara un informe de la propia Agencia Tributaria que acusaba al empresario Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, de defraudar a Hacienda 2.400.000 euros en los años 2008 y 2009. La propia Agencia Tributaria está personada en la causa que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Al ser un procedimiento abierto, oficialmente y a pesar del informe en que la propia Hacienda asegura que el empresario actuó de manera "dolosa" y no negligente, a la Agencia Tributaria no le constan deudas y de ahí la concesión que deja en el camino a otras ocho candidatas a lograr ese contrato millonario. Una de ellas, -OMBUDS-, presentará recurso, porque, y es literal, "no se puede entender que una empresa que presuntamente ha defraudado a la Hacienda Pública reciba un contrato del Estado para seguir defraudando y no pase nada". Argumento en línea con la opinión de Antonio Duarte, secretario general del sindicato USO que abrió la causa contra Seguridad Integral. "No nos lo creemos -reconoce-; es incomprensible. El gobierno sabe perfectamente que esta empresa defrauda a Hacienda y a la misma vez le está entregando con la mano derecha once millones de euros".

Desde el Palacio Real y El Escorial a los Reales Alcázares de Sevilla pasando por el monasterio de Yuste, la vigilancia y la atención al público de todos los Reales Sitios, -y no de unos pocos como hasta ahora-, estará en manos de Seguridad Integral Canaria durante un año prorrogable si Patrimonio Nacional así lo estima.

Si la causa abierta a instancias del sindicato USO contra el propietario de Seguridad Integral Canaria, -que también tiene contratos firmados con Defensa y con el metro de Madrid-, deriva en una sentencia de culpabilidad, Miguel Ángel Ramírez sería condenado hasta a cuatro años de cárcel, a pagar una multa de 18 millones de euros y perdería la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante un periodo de tres a seis años.