Al tiempo que Alfonso Alonso disfruta de su meteórica carrera política en Madrid, una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Vitoria ha indagado en uno de los contratos más oscuros de su mandato como alcalde en la ciudad (1999-2007).
En 2007, a tres meses de las elecciones municipales que le desalojaron del poder, Alfonso Alonso suscribió un contrato que ha hipotecado a los gobiernos de Vitoria de las siguientes cinco legislaturas. Alquiló para el Ayuntamiento unos locales propiedad de una empresa del expresidente del Deportivo Alavés, Gonzalo Antón, con un blindaje inédito de 20 años y condiciones muy favorables para el empresario. Una sangría de dinero público.
El escándalo reventó el pasado verano cuando los partidos de la oposición, PNV, PSE y EH Bildu, decidieron abrir una comisión de investigación en el Ayuntamiento, hasta el punto de que el PP en el poder se ha visto obligado a renegociar el contrato que, pese a todo, sigue blindado.
El PP sostiene que era un buen contrato y ha defendido la gestión de Alfonso Alonso, pero sus argumentos son débiles e incurren en contradicciones.
Hasta lo que se ha podido comprobar todo es legal, pero vivimos en un país en el que es legal fumarte el interés público y que un expresidente de un club de fútbol gane una millonada a cuenta del erario público.
Esta fue la desastrosa despedida de Alfonso Alonso de Vitoria. No parece que le haya causado (ni le vaya a causar) ningún problema para conseguir que sus sueños en la política nacional se hagan realidad. Marca España.
Ahora los detalles.
Las cifras de un negocio redondo para el empresario
En enero de 2006, el empresario compró los locales por 2,7 millones de euros, ese mismo año comenzaron las negociaciones y en febrero de 2007 Alfonso Alonso firmó pagarle en nombre del Ayuntamiento 7,6 millones de euros en un plazo de veinte años (6 millones de euros en el alquiler y 1,6 millones de euros por las obras de acondicionamiento que hizo el empresario pero paga el Ayuntamiento).
Un negocio redondo. Para el empresario, claro.
Tras conocerse que una comisión de investigación iba a constituirse en el Ayuntamiento, el actual alcalde de Vitoria, Javier Maroto (entonces concejal de Hacienda de Alfonso Alonso), decidió renegociar las condiciones del contrato. Según los cálculos de la oposición la cifra a favor del empresario, incluidas las obras, roza los 6 millones de euros.
Un negocio redondo aunque la circunferencia sea un poco menor.
Las condiciones privilegiadas para el empresario que otorgó Alfonso Alonso
Los precios de los alquileres de los edificios del Ayuntamiento de Vitoria se actualizan con el IPC pero, en este caso, Alfonso Alonso firmó actualizaciones muy superiores al IPC: hasta el 9 por ciento más el IPC en 2012, por ejemplo.
Los alquileres de los edificios del Ayuntamiento no tienen cláusulas de blindaje, sin embargo, Alfonso Alonso firmó una cláusula que obligaba al Ayuntamiento a pagar al empresario los 20 años de alquiler íntegros (unos 6 millones de euros) si la institución anulaba el contrato.
Y todo esto sin concurso público
El Gobierno tenía la posibilidad legal de evitar el concurso público, pero para ello –según un informe de la Secretaria General del Pleno– tenía que haber justificado que no existían más locales en el centro de Vitoria en los que ubicar los servicios municipales. No lo hizo. El problema es que el tirón de orejas –el informe– llegó seis años después: el 22 de julio de 2013. Hasta entonces nadie lo había preguntado. Demasiado tarde.
El Gobierno de Alonso adjudicó un contrato de 6 millones de euros sin concurso público.
Para más inri, las obras de acondicionamiento del local tampoco se sacaron a licitación. Las hizo el empresario pero las está pagando el Ayuntamiento. A buen seguro, un concurso público habría reducido el gasto para las arcas públicas.
No parece que el interés general estuviera entre las prioridades de Alfonso Alonso.
Las contradicciones de Alfonso Alonso
Alfonso Alonso dice que no intervino en las negociaciones de los locales. Es más, Alonso afirma que no siguió la marcha de esas negociaciones. Sin embargo, varias declaraciones en la comisión contradicen su testimonio. Su entonces concejal de Hacienda, Javier Maroto, afirma que los técnicos informaban a Alonso de los avances en la negociación: “Lo hacían principalmente al alcalde porque era un encargo directo de él”.
El exdirector de Hacienda Iñaki Díez Unzueta declaró que hablaba con Alonso de “cómo iban las negociaciones”. En otro momento de su testimonio ante la comisión el técnico dice: “En este tema las conversaciones yo las solía realizar con el alcalde”.
Nadie ha podido repreguntar a Alfonso Alonso por esta evidente contradicción. No acudió a la comisión y se limitó a enviar una serie de respuestas por escrito.
Los escandalosos mails de la negociación con el empresario
Durante la comisión de investigación, se ha conocido el contenido de varios correos electrónicos (desgraciadamente, no todos) que confirman que el propietario del local tenía la sartén de las negociaciones por el mango. Un hecho extraño porque el Ayuntamiento no tenía una necesidad imperiosa de nuevos locales y en el centro de Vitoria los propietarios de las oficinas se encontraban con muchas dificultades para alquilar sus espacios.
El 28 de noviembre de 2006, un técnico del Ayuntamiento envía al representante de la empresa un mail en el que se puede leer lo siguiente:
“Todavía no hemos recibido la valoración municipal del local, pero te envío el texto (del contrato) modificado para no retrasar más las cosas”.
Es decir, se estaba cerrando el contrato sin contar con la valoración oficial del Ayuntamiento. Ese informe de valoración recomendó finalmente un precio de alquiler inferior al que después firmó Alfonso Alonso con el empresario.
El 23 de enero de 2007, la empresa escribe al Ayuntamiento:
“Adjunto cuadro con unas pequeñas modificaciones para que el total se aproxime a la propuesta inicial (6.161.773,35 euros). He incrementado alrededor de diez mil euros en cada uno de los ejercicios 3º a 6º”.
En las últimas semanas de la negociación, las conversaciones consistieron en cómo distribuir los pagos durante los años de alquiler para que cuadrara la cifra global de la operación (los 6 millones de euros). El primer año del contrato el precio del alquiler no era muy alto -ése es el argumento al que se agarra el PP y el 'truco' del contrato- después, año a año, el alquiler sufría una escalada brutal del precio.
El 24 de enero de 2007, la empresa otra vez al Ayuntamiento:
“Al objeto de que los aumentos porcentuales que se originan queden justificados, creemos se debe incluir una cláusula en la que se indique que los mismos son a petición, o propuesta, del Ayuntamiento”.
Estos son los aumentos de hasta el IPC más el 9 por ciento de los que hablaba antes. La empresa quería que figuraran como una propuesta del Ayuntamiento.
3 de febrero de 2007 (a escasos días de la aprobación del contrato), la empresa al Ayuntamiento:
“Adjunto archivo con las modificaciones que te comentaba en el e-mail que te remití ayer. En color rojo lo que se debe quitar, y en color azul lo que debe figurar. El resto del contrato está bien”.
fuente : http://www.eldiario.es/
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